Trabajadores de las defensorías zonales alertan sobre vaciamiento institucional, recortes de personal y violencia laboral en plena emergencia social.
Las 20 defensorías zonales de niñez y adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires —una por comuna— atraviesan una grave crisis. Así lo denuncian sus trabajadores, quienes advierten sobre el vaciamiento progresivo de estos espacios claves para el abordaje territorial de situaciones de vulneración de derechos. Según informaron, un 30% de los equipos técnicos está incompleto, lo que implica que faltan abogados, psicólogos y trabajadores sociales para atender cientos de casos, muchos de ellos vinculados a violencia intrafamiliar, abusos y otras problemáticas urgentes.
Desde ATE Capital denunciaron también una creciente violencia laboral, una gestión que busca condicionar la autonomía técnica de los profesionales y una política deliberada de no reemplazar a quienes renuncian. Las defensorías, creadas por la Ley 114, tienen como función articular políticas públicas de protección de derechos en territorio, pero hoy se ven sobrecargadas con tareas administrativas y sin recursos suficientes. Además, apuntan contra el director general Ezequiel Bottini, designado por Jorge Macri, a quien acusan de ejercer maltrato sistemático sobre el personal.
Un informe gremial advierte que la debilidad institucional frente al Poder Judicial facilita la extralimitación de jueces y defensores de menores, que trasladan funciones al personal de las defensorías, exigiéndoles tareas que no les corresponden y afectando su autonomía. “Los equipos técnicos terminan subordinados a un poder judicial que actúa con criterios dispares y muchas veces bajo lógicas del viejo Patronato de Menores”, concluye el documento.
