La licuación de haberes previsionales se consolida como uno de los pilares del ajuste fiscal. Estudios privados advierten una pérdida millonaria por jubilado y un deterioro persistente del poder adquisitivo.
El esquema económico del gobierno de Javier Milei ubica a las jubilaciones y pensiones como uno de los principales anclajes del ajuste. Desde diciembre de 2023, los haberes no recuperan lo perdido y profundizan una caída estructural del ingreso real, que empuja a millones de adultos mayores a niveles de subsistencia. El haber medio queda 23% por debajo del nivel previo al cambio de gestión y la jubilación mínima cubre apenas un tercio de la canasta básica para personas mayores.
Según estimaciones del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), cada jubilado pierde en promedio casi $5 millones desde el inicio del actual gobierno. En términos fiscales, el recorte acumulado sobre el sistema previsional alcanza $16,5 billones, un monto que explica buena parte del superávit que exhibe la Casa Rosada. El cambio de la fórmula de movilidad, aplicado por el DNU 274/2024, ata los aumentos solo a la inflación y elimina el componente salarial y de recaudación, lo que bloquea cualquier recomposición real. Desde MATE advierten que “las jubilaciones tienen un techo” y que, con la normativa vigente, no recuperan lo perdido.
El impacto se agrava por el bono de $70.000, congelado desde marzo de 2024. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calcula que, para sostener su poder de compra, debería ubicarse en $177.485 a fines de 2025. La consecuencia directa aparece en el consumo: la Canasta de Consumo para Personas Adultas Mayores se ubica en $1.359.675, mientras que una persona mayor de 75 años que vive sola necesita al menos $746.271 mensuales. A esto se suma el aumento de medicamentos por encima del promedio y un endeudamiento creciente, con morosidad del 9,1% en préstamos personales y 7,4% en tarjetas.
El Presupuesto 2026 refuerza la tendencia. Aunque prevé una suba real del 6% en jubilaciones, recorta 13,8% los recursos destinados al bono, que permanece congelado. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que, por este efecto, la jubilación mínima registra una baja real cercana al 0,6%. Además, el fin de la moratoria previsional en marzo de 2025 deja fuera del sistema a 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones, que solo acceden a la PUAM, equivalente al 80% del haber mínimo. Para especialistas, el rumbo elegido confirma que el ajuste sobre los jubilados no es un efecto colateral, sino un pilar central del modelo económico.
