El ajuste fiscal impacta de lleno en todos los niveles del Estado. Y a esto se suma un derrumbe real de la coparticipación que en el último año llegó al 25%. Hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene el presupuesto más alto del país, tuvo que recortar en seguridad. Horas extra e inversión en tecnología son los primeros recortes. El aumento del combustible redujo aún más la cobertura de patrullaje. El efecto en la Provincia también es muy crítico: municipios asfixiados y caída de recursos en cascada.
La crisis de financiamiento impulsada por el gobierno nacional empezó a traducirse en decisiones concretas en las gestiones locales de todo el país. Hasta la Ciudad de Buenos Aires recortó horas extras y adicionales de la Policía, lo que implica en los hechos menos presencia de efectivos en la calle. La medida responde a la caída de ingresos por coparticipación y a los pagos demorados que la Nación mantiene con el distrito. En ese marco, el gobierno de Jorge Macri negocia con el ministro de Economía, Luis Caputo, el cobro de una deuda acumulada que se busca saldar con bonos, mientras los recursos corrientes no alcanzan para sostener el funcionamiento habitual.
Si esto afecta de lleno a la Ciudad, para la provincia de Buenos Aires es un golpe directo al corazón. En el último año, la coparticipación se desplomó en términos reales —entre un 12% y hasta un 25% según el período— y el impacto ya se siente en el eslabón más frágil: los municipios, que empiezan a crujir por abajo. Esto se refleja en menos combustible para patrullaje y menos inversión tecnológica en seguridad.
Para sostener el superávit, el Gobierno nacional viene postergando transferencias y reteniendo partidas sensibles, lo que ya se refleja en la paralización casi total de la obra pública desde diciembre de 2023. La falta de inversión estatal no sólo frena proyectos, sino que deteriora infraestructura existente y limita servicios básicos. En paralelo, la presión se extiende a provincias y municipios: más de 150 intendentes acudieron a Economía para exigir una baja en los combustibles y la ejecución de fondos específicos para obras.
A su vez, el desfinanciamiento del PAMI impacta directamente en la atención. El organismo arrastra una deuda cercana a los $500.000 millones con prestadores y recientemente redujo el esquema de pagos de sus médicos, lo que empuja a muchos profesionales a dejar de atender. Como consecuencia, hay menos oferta médica, faltan especialidades, se acumulan los turnos y se suspenden prestaciones. A esto se suma el recorte en programas de medicamentos y el aumento de precios. Cada vez más afiliados no pueden pagar remedios ni sostener tratamientos. Así, el ajuste deja de ser una variable macro para convertirse en un problema concreto en la vida cotidiana: menos seguridad, menos obra pública y un sistema sanitario en crisis.
