Vecinos y expertos en patrimonio se oponen a la demolición de la histórica conexión entre Palermo, Belgrano y Colegiales, mientras el Gobierno porteño defiende la necesidad de modernización. La Legislatura pide informes y el Consejo de Asuntos Patrimoniales tiene la última palabra en una polémica que enfrenta historia y funcionalidad.
La controversia en torno al puente Ciudad de La Paz-Soler sumó un nuevo capítulo este miércoles con la presentación de un pedido de informes en la Legislatura porteña, mientras la atención se centra en una reunión clave que se llevará a cabo mañana: el Consejo de Asuntos Patrimoniales (CAAP) debatirá la descatalogación de la estructura.
Este pedido, realizado por Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa estatal de la Ciudad, busca allanar el camino para la remoción de la centenaria estructura, una decisión que ha generado una fuerte polémica vecinal y cuestionamientos de expertos en patrimonio.
La legisladora Sol Méndez (Confianza Pública), en sintonía con un importante número de vecinos, impulsa el proyecto para que el Gobierno de la Ciudad brinde más información sobre el plan de desmantelamiento del viaducto que une los barrios de Palermo, Belgrano y Colegiales sobre las vías del tren Mitre. La indignación se acrecienta al recordar que el puente, tras dos años cerrado por reformas estructurales, fue rehabilitado hace apenas tres meses.
“Según hemos podido conversar con asociaciones y vecinos, han cuestionado y no han obtenido respuesta por parte del Ejecutivo respecto de los criterios técnicos, licitatorios, presupuestarios, plazos, impacto patrimonial y participación ciudadana asociados al llamado a licitación realizado por AUSA, así como el proceso de descatalogación del bien patrimonial ante el CAAP”, se lee en los fundamentos de la iniciativa de Méndez.
Un historial de polémicas y el valor patrimonial en riesgo
La zona no es ajena a las controversias. En 2022, el puente se cerró al tránsito para realizar reformas que recién comenzaron a finales de 2024. Ahora, a solo tres meses de su reapertura, AUSA llamó a licitación para reemplazar el viaducto, que data de entre 1916 y 1919. La empresa argumenta que el cambio es necesario para reforzarlo, modernizarlo y hacerlo más accesible para peatones.
Sin embargo, un importante grupo vecinal y expertos en patrimonio sostienen que esta medida implicaría la pérdida de una estructura con valor patrimonial e incorporada al catálogo de bienes protegidos. Además, advierten que afectaría el tránsito en la zona al permitir el paso de transporte pesado, como camiones de basura del CEAMSE, algo que la Ciudad niega, aclarando que se refiere a vehículos de mayor porte, no de tránsito pesado.
Los vecinos que se oponen dejaron su marca visible en el puente: cintas y moños en el enrejado de los laterales del cruce peatonal, colocados hace dos semanas en una actividad organizada por el grupo “Ilustro para no olvidar” y Basta de Demoler (BDD).
La valoración histórica del espacio es innegable. Por allí circuló el tranvía hasta 1963, justo por encima de las vías del ferrocarril Mitre, lo que lo convierte en un símbolo de estos barrios porteños con casi 104 años de antigüedad. Ana Bas, presidenta de BDD, expresó que su desaparición “significa la pérdida de identidad” de la zona. “Es un puente con una estética única. No es solo su función, es lo que representa para los que vivimos acá”, coincidió Jimena, una vecina.
La pregunta que resuena entre los vecinos es: “¿Para qué lo clausuraron si ahora quieren demolerlo?”. La indignación se acrecienta al notar que la empresa estatal llamó a una licitación exprés sin haber cumplido el trámite previo de descatalogación, que se realiza recién ahora. Fuentes de AUSA responden que el trámite se inició a principios de año debido a su complejidad y los múltiples requisitos que exige el gobierno.
Otro punto de fricción es la falta de consulta vecinal, donde la mayoría de los vecinos no estaba al tanto de la licitación o la reunión del CAAP. “Nosotros no sabemos bien qué obras quieren hacer. Que yo sepa, no hubo una audiencia pública, no nos contaron ni nos preguntaron nada. Este puente es histórico, deberían respetarlo, y también a la voluntad de los vecinos”, argumentó Andrea. La legisladora Sol Méndez sumó: “Resulta difícil creer que exista semejante falta de planificación. El gobierno de la ciudad debería ser más responsable con el uso que se le da al dinero de los contribuyentes”.
Desde la Ciudad, fuentes de AUSA alegan que las obras buscan permitir la circulación de vehículos que hoy no pueden hacerlo, como ambulancias, bomberos, fletes y camiones recolectores de basura, y que el cambio se debe a una cuestión de seguridad para evitar limitaciones en la infraestructura. Afirman que la Red de Tránsito Pesado se mantendrá por Juan B. Justo, Córdoba y Niceto Vega.
Respecto a la preservación del puente, AUSA sostiene que la idea es desmontarlo en secciones y que «algún tramo podría preservarse», aunque no se puede asegurar al 100% debido a la resistencia de la estructura.
En caso de que el CAAP apruebe la descatalogación y se concrete el reemplazo, la Ciudad estima que el tránsito se cortaría por un mes para el desmonte del viaducto actual y el montaje del nuevo. Sin embargo, vecinos como José, de 70 años, que apoya la remoción, señalan el problema de accesibilidad peatonal del puente actual, que obliga a subir y bajar 18 escalones, aunque quienes se oponen sugieren que una obra menor podría extender el paso peatonal para evitar las escaleras.
La decisión del CAAP será crucial para el futuro de esta estructura que, más allá de su función, representa un símbolo y parte de la identidad de estos barrios porteños.
