El expediente por la compra de un inmueble en Miami quedó nuevamente bajo análisis del máximo tribunal, mientras el jefe de Gobierno porteño enfrenta un clima de malestar social, con denuncias por abandono urbano, crisis habitacional y una gestión cuestionada por priorizar negocios privados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reactivó el análisis de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra a Jorge Macri, al avanzar con el sorteo de dos conjueces para destrabar el expediente. La medida busca definir si se mantiene el sobreseimiento dictado en instancias inferiores o si se reabre la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal.
El movimiento del máximo tribunal se produjo ante la falta de acuerdo entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, lo que obligó a recurrir a un mecanismo excepcional para conformar mayoría. La Corte debe resolver el recurso presentado por la fiscalía contra el fallo que, en 2021, había cerrado el caso tras declarar inadmisible una apelación.
La causa se originó a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y se centra en la compra de un inmueble en Miami en 2011. Según la acusación, Macri y su entonces esposa constituyeron una sociedad en Florida y, semanas después, adquirieron una propiedad por 402.963 dólares, operación financiada mediante préstamos cuya trazabilidad y origen fueron cuestionados por la fiscalía, que advirtió posibles autopréstamos y vínculos con sociedades del entorno familiar.
Si bien la Cámara Federal de Casación descartó la hipótesis delictiva al considerar que los créditos estaban documentados, el fallo no fue unánime. La jueza Ana María Figueroa votó en disidencia y el procurador interino Eduardo Casal sostuvo que las inconsistencias no fueron debidamente analizadas, por lo que solicitó a la Corte que revise el sobreseimiento.
El avance judicial se da en paralelo a un deterioro del clima político y social en la Ciudad de Buenos Aires. Vecinos y vecinas vienen denunciando calles en mal estado, basura acumulada, una crisis habitacional creciente y recortes en servicios públicos, además de cuestionamientos al funcionamiento de la Policía de la Ciudad por episodios de violencia institucional y problemas en comisarías.
Las críticas también alcanzan el modelo de gestión urbana. Referentes opositores señalaron que el presupuesto porteño priorizó partidas de seguridad mientras se profundizan déficits en salud, educación y vivienda. Legisladores de izquierda y organizaciones sociales acusaron al Ejecutivo de actuar como facilitador de negocios inmobiliarios, con un sistema de recolección de residuos tercerizado y costoso y una ciudad donde conviven viviendas vacías y personas sin acceso a un techo.
Con la causa judicial nuevamente bajo análisis en la Corte y un malestar social en aumento, Jorge Macri enfrenta un escenario complejo, en el que las definiciones judiciales se entrelazan con una gestión cada vez más cuestionada por amplios sectores de la ciudadanía porteña.
