El juez Roberto Gallardo dispuso que las fuerzas federales no intervengan en la movilización prevista para este miércoles, en la antesala del paro general. La decisión apunta a prevenir nuevos episodios de represión y resguardar el derecho a la protesta.
El juez porteño Roberto Gallardo resolvió que la custodia de la marcha de jubilados convocada para este miércoles quedará exclusivamente en manos de la Policía de la Ciudad, dejando afuera a las fuerzas federales bajo el mando de la ministra Patricia Bullrich. El magistrado sostuvo que solo podrán intervenir si se ven comprometidos intereses federales específicos. La medida, dictada en respuesta a un pedido de dirigentes de la CGT y la UTEP, busca evitar nuevas situaciones de violencia como las ocurridas en la movilización del 12 de marzo.
Gallardo fundamentó su decisión en antecedentes concretos, al considerar que el riesgo de represión no es “hipotético”, sino basado en hechos verificados. Remarcó la actitud “avasalladora y excesiva” que habrían mostrado las fuerzas federales en protestas anteriores. Además, recordó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no adhirió al protocolo antipiquetes dispuesto por el Ministerio de Seguridad, por lo que las fuerzas federales no están autorizadas a intervenir sin un acuerdo formal.
El fallo fue celebrado por las organizaciones convocantes, que consideraron clave la decisión para garantizar una movilización pacífica. Gallardo subrayó que corresponde a la Ciudad asegurar tanto el orden público como los derechos constitucionales de los manifestantes, entre ellos la libertad de expresión y el derecho a reunión. La medida también reafirma la autonomía porteña en materia de seguridad y establece un freno a las políticas represivas del gobierno nacional.
