La decisión fue tomada por el fiscal federal Guillermo Marijuan a raíz de una denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada Marcela Campagnoli, quienes señalan irregularidades en el manejo del Hospital Garrahan. Esta imputación se da en un contexto de creciente conflicto salarial en el prestigioso centro pediátrico.
Según fuentes judiciales, la investigación, que está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, se inició tras la denuncia de las legisladoras, quienes sostienen que el ministro Lugones habría solicitado la renuncia de la totalidad del Consejo Directivo del Hospital Garrahan «de manera arbitraria y contraria a la normativa».
En su requerimiento al Ministerio de Salud, el fiscal Marijuan solicitó un organigrama completo de las autoridades del hospital, con sus cargos, funciones y dependencias; un informe sobre la integración del Consejo de Administración antes y después de octubre de 2024, con los datos completos de sus miembros y si son profesionales médicos; y copias de las resoluciones que habrían permitido la entrega de un bono dinerario al personal en octubre de 2024.
Marijuan detalló que, según las denunciantes, el bono en cuestión «obedecería a una suma que habitualmente se entrega a los profesionales de la salud y que proviene de un fondo que el consejo administra y del cual puede decidir, sin necesidad de consultar con el Ministerio de Salud, tal como históricamente se ha efectuado». Las legisladoras argumentan que la decisión de solicitar las renuncias estaría motivada por un «encono personal del Ministro y las autoridades del ejecutivo, posiblemente motivado en evitar un efecto contagio en los reclamos salariales por parte de los restantes nosocomios ya que se ha recortado el presupuesto de salud».
Además, la denuncia sugiere que la «arbitrariedad e ilegalidad» de la decisión radicaría en una «atribución de facultades por parte del Ministro que no le son propias, las que habrían motivado su orden abusiva de solicitar la renuncia del Consejo Directivo», con el presunto «único fin amedrentar a toda autoridad administrativa de que se someta al criterio del Ministerio de Salud de la Nación, aun cuando, se actúe en contra de las normas legalmente vigentes».
En ese sentido, se investiga si Lugones incurrió en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, al exceder sus facultades e intervenir directamente en una decisión autónoma del hospital.
En medio de esta investigación judicial, el ministro Mario Lugones rompió el silencio sobre la crisis en el Hospital Garrahan, donde los trabajadores reclaman mejoras salariales. El funcionario afirmó que «el mandato popular» es que los recursos deben «destinarse al personal de salud, no a la militancia rentada». Estas declaraciones están en línea con lo expresado el viernes pasado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que el Garrahan cuenta con «66% de empleados administrativos y un 34% de médicos».
El mensaje de Lugones llegó luego de que desde el propio hospital se anunciara un aumento unilateral para los residentes, que a partir del 1 de julio pasarían a cobrar aproximadamente $1.300.000. El ministro justificó esta medida como resultado del «ahorro obtenido mediante la eliminación de gastos superfluos y desvíos presupuestarios», junto con el ahorro estimado por la reducción de personal derivada de la «implementación del sistema biométrico de control de asistencia».
Sin embargo, la propuesta fue rotundamente rechazada por los trabajadores y gremios nucleados en ATE, quienes alertaron que «el anuncio excluye a más del 90% de las personas que trabajamos en el hospital, de todas las profesiones y oficios, lo cual lejos de cerrar el conflicto, lo agrava».
Los gremios convocaron a una asamblea general el próximo martes a las 13:00 para «definir acciones de lucha ante esta gravísima situación, incluidos paros y movilizaciones». Los médicos, en un comunicado, advirtieron que el monto ofrecido «aún está lejos de su reclamo» y calificaron la medida como «un retroceso por parte del gobierno». «Hace muy poco, pretendieron ilegalizar por decreto las huelgas. Tan solo unos días después, una huelga indefinida los pone contra las cuerdas y deben anunciar concesiones», concluyeron, anticipando una jornada de fuerte protesta.
