El organismo adjudicó un contrato de u$s450 millones con aumentos del 20% en los valores actuales, tras un proceso acelerado que dejó afuera a casi todos los oferentes. Acusan direccionamiento, caída en la calidad y posibles sobreprecios.
El PAMI quedó en el centro de la polémica tras adjudicar de manera exprés una licitación por u$s450 millones para la compra y distribución de pañales. La gestión, encabezada por Esteban Leguizamo, aceptó precios un 20% más caros que los anteriores y excluyó a tres de las cuatro empresas interesadas mediante un proceso que otorgó apenas seis días hábiles para presentar ofertas. En el sector hablan de exigencias imposibles, modificaciones sorpresivas del pliego y una licitación diseñada para beneficiar a un único proveedor.
Entre las nuevas condiciones impuestas, se incluyó una póliza de seguro por $25.000 millones y la exigencia de contar con infraestructura específica en el AMBA, capaz de almacenar 15.000 pallets, lo que dejó sin margen a la mayoría de los oferentes. A esto se suma una preocupante baja en la calidad de los productos: según denuncias, los nuevos pañales serían más finos, menos absorbentes y con menos capas, lo que afectaría a más de 200.000 afiliados que los reciben regularmente. A pesar de esta merma, el costo mensual trepará de $11.000 a $13.000 millones, con un adelanto del 3% del contrato, algo inusual en contrataciones estatales.
El proceso también está bajo sospecha de direccionamiento, luego de que se conociera que la empresa ganadora había iniciado contactos con fabricantes semanas antes de la publicación oficial del llamado. La documentación que respalda esta secuencia ya fue incorporada a las denuncias que podrían derivar en acciones judiciales. Mientras tanto, crecen las tensiones internas en el oficialismo por el manejo de los recursos del PAMI.
