Tras siete meses de desatención a una ley aprobada por la Legislatura, y en medio de un fuerte ajuste, la Justicia porteña falló a favor de un amparo estudiantil y exigió al Gobierno de la Ciudad la puesta en marcha del boleto educativo gratuito para terciarios y universitarios.
La administración del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia por su aparente desinterés hacia las decisiones legislativas y los fallos judiciales. A pesar de autoproclamarse «republicano», el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires fue señalado por ignorar proyectos de ley aprobados y desoír sentencias judiciales que no son de su agrado, alterando, según críticos, el estado de derecho.
El foco de la disputa es la Ley de boleto educativo para terciarios y universitarios porteños, aprobada por amplia mayoría en la Legislatura el pasado 12 de diciembre. Tras más de siete meses de su sanción, Jorge Macri no la ha reglamentado, dejando a miles de estudiantes sin un beneficio crucial en un contexto de creciente ajuste económico.
Ante esta inacción, los centros de estudiantes de las facultades de Exactas y Ciencias Naturales, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentaron un amparo ante la Justicia porteña para exigir la implementación del boleto universitario gratuito.
En los últimos días, la Justicia falló a favor de los estudiantes, ordenando al Ministerio de Educación porteño registrar a los estudiantes de Nivel Superior y poner a disposición las tarjetas Sube Estudiantil para instrumentar el derecho.
Mediante un comunicado, los universitarios expresaron su hartazgo: “No podemos seguir siendo víctimas del abandono de Jorge Macri, y necesitamos la implementación del boleto educativo para que ningún compañero se quede sin poder cursar en las universidades”. En el escrito resaltan que esta situación se da en un contexto de fuerte ajuste de los gobiernos de Jorge Macri y Javier Milei, donde “cada vez cuesta más llegar a cursar”, y se hacen necesarias “políticas de inclusión reales para los y las estudiantes”.
La demanda es clara: “Esperamos que el GCBA reaccione y que el segundo cuatrimestre empiece con el boleto educativo implementado. Estudiar no puede ser un privilegio: necesitamos que más pibes y pibas lleguen a la universidad para construir una Argentina justa, libre y soberana”.
Además, legisladores de la oposición también se han sumado al reclamo, iniciando una campaña de visibilización bajo la consigna “La vuelta a clases tiene que ser con boleto educativo”.
Anteriormente, el 20 de febrero, los estudiantes universitarios habían presentado una nota en la Jefatura de gobierno porteño para exigir la implementación, sin obtener respuesta alguna. El 21 de marzo, la propia Universidad de Buenos Aires se sumó al reclamo institucional, instando a CABA a hacer efectiva la Ley 6.770, pero Jorge Macri también desoyó esa exigencia.
La Ley N° 6.770, que modifica la Ley N° 5656, introduce a los estudiantes universitarios como beneficiarios del boleto gratuito en la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo hasta 96 viajes gratuitos mensuales y un tope de cuatro por día. Para acceder al beneficio, los estudiantes de nivel superior deben residir en la Ciudad de Buenos Aires y pertenecer a hogares de clase media vulnerable, de acuerdo con los indicadores del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad.
Se estima que más de 134 mil estudiantes deberían acceder a este derecho ya aprobado por la Legislatura, incluyendo a adultos acompañantes de menores de 12 años. Desde la sanción de la ley, los centros de estudiantes presentaron numerosos reclamos para lograr el ejercicio efectivo de este derecho fundamental.
La reciente resolución judicial representa un paso crucial para que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios sin la barrera del costo del transporte.
