31/08/2025

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Remate y liquidación: El Gobierno Nacional inició el proceso de privatización del Belgrano Cargas

El Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo, ha puesto en marcha el plan para desmantelar la empresa ferroviaria estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. En un plazo de 12 meses, se rematará el material rodante, se concesionarán las vías y talleres, y se liquidará la sociedad, sin participación accionaria para los trabajadores.

El Gobierno Nacional dio un nuevo paso en su política de achicamiento del Estado con la publicación, este jueves en el Boletín Oficial, de la Resolución 1049/2025 del Ministerio de Economía. Dicha normativa formaliza el inicio del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., la empresa ferroviaria estatal que opera en tres de las principales líneas de carga del país: General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

La decisión, que lleva la firma del ministro Luis Caputo, establece un plazo límite de 12 meses para completar la totalidad del procedimiento. El objetivo central de esta medida es el remate público de todo el material rodante, la concesión de las vías e inmuebles aledaños, la licitación del uso de talleres y la posterior liquidación de la sociedad estatal.

El proceso de venta y desarticulación de la estructura actual de Belgrano Cargas quedó bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Ambas dependencias serán las encargadas de llevar adelante las tareas administrativas, técnicas y legales necesarias para concretar la privatización.

La hoja de ruta establecida en la resolución detalla los siguientes pasos:

  • Remate público de todo el material rodante, que incluye locomotoras, vagones y otros activos móviles.
  • Concesión de las vías y los inmuebles ferroviarios, cuya titularidad se mantendrá en manos del Estado y será recuperada una vez finalizados los contratos.
  • Licitación de los talleres ferroviarios, que también pasarán a ser gestionados por el sector privado mediante concurso público.

Un punto crucial del documento oficial es la ausencia de un programa de participación para los trabajadores. A diferencia de esquemas de privatización anteriores en el país, no se ofrecerán participaciones preferenciales ni planes de propiedad para los empleados, ni se incluirá a cooperativas en el proceso. La privatización se llevará a cabo sin escalas intermedias, mediante venta directa del material rodante, concesiones por licitación y la disolución completa de la empresa.

Los fondos obtenidos de los remates serán administrados por el Banco de la Nación Argentina y se destinarán a un fideicomiso de obra pública, creado por el decreto 976/2001. Estos recursos se utilizarán para financiar trabajos de infraestructura ferroviaria, con especial énfasis en las vías que serán concesionadas. Para la ejecución de las operaciones, se utilizarán las plataformas oficiales SUBAST.AR y CONTRAT.AR, bajo estrictas normas de transparencia y publicidad de licitaciones.

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Esta drástica decisión se encuadra en el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), sancionada a comienzos de 2025, y su decreto reglamentario 67/2025. Ambos instrumentos legales habilitan la privatización de empresas públicas como parte fundamental del plan de gobierno del presidente Javier Milei, quien desde su asunción impulsa una fuerte reducción de la participación estatal en la economía.

«La medida responde a la decisión del Presidente de reducir la participación estatal en actividades empresariales», subraya la normativa. Con un cronograma claro y oficial, la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. deberá estar completa antes del 24 de julio de 2026. Hasta esa fecha, las áreas involucradas deberán finalizar el inventario y valuación de activos, ejecutar los remates públicos, coordinar las licitaciones nacionales e internacionales, y preparar la disolución legal de la sociedad.

Se trata de una de las decisiones más significativas en la política ferroviaria argentina de las últimas décadas, marcando para muchos un claro símbolo de la retirada estatal en sectores considerados estratégicos para el transporte de carga.

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