15/05/2026

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Cañuelas: Fassi participó de la Marcha Universitaria y defendió la educación pública

La intendenta de Cañuelas se movilizó en Plaza de Mayo junto a estudiantes, docentes y trabajadores universitarios y cuestionó el desfinanciamiento del sistema educativo superior.

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, participó de la Marcha Federal Universitaria realizada en Plaza de Mayo y expresó su respaldo a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores en medio del conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales.

La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, en lo que representó la cuarta marcha federal desde la asunción de Javier Milei como presidente.

A través de sus redes sociales, Fassi destacó la masiva convocatoria y cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional respecto al sistema universitario. “Vinimos desde Cañuelas a defender la universidad pública”, expresó.

Además, sostuvo que la movilización fue “una jornada histórica” en la que “cientos de miles de argentinos y argentinas volvimos a decir con claridad que no vamos a permitir el desfinanciamiento de la educación pública”.

La jefa comunal también remarcó la importancia de sostener el acceso gratuito a la educación superior. “Defender la universidad pública, gratuita y de calidad es defender el futuro de la Argentina”, afirmó.

Entre los principales reclamos de la protesta aparecieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de salarios y becas, y la recomposición del presupuesto destinado a las universidades nacionales.

Los organizadores de la marcha también denunciaron el incumplimiento de fallos judiciales que ordenaron aplicar distintos artículos de la ley vinculados a salarios docentes y becas estudiantiles.

Durante la jornada, estudiantes leyeron un documento conjunto en el que exigieron al Gobierno nacional cumplir con la normativa aprobada por el Congreso y ratificada judicialmente, mientras se aguarda una definición final de la Corte Suprema.

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